Natalia Brown

Al igual que en muchas comunidades en todo el país, las cuentas de energía eléctrica en Florida están aumentando de manera dramática debido a los aumentos de tarifas y la dependencia excesiva de los combustibles fósiles impuestas por la empresa de servicios públicos propiedad de inversionistas del estado, Florida Power & Light (FP&L). Mientras que los ejecutivos y accionistas de servicios públicos ven cómo se incrementan sus ganancias, la clase trabajadora se queda atrás en la transición a los recursos locales de energía limpia. 

En 2021, cuando un proyecto de ley propuesto que habría frenado el crecimiento de la energía solar asequible en los techos de Florida llegó al piso de la legislatura estatal, los organizadores de Catalyst Miami se pusieron en acción. Hicimos sonar la alarma sobre la naturaleza injusta y antidemocrática del proyecto de ley y llamamos la atención de periodistas de investigación. Descubrieron que los cabilderos de FP&L redactaron el proyecto de ley, lo entregaron personalmente a los miembros de la Legislatura de Florida y habían dado importantes contribuciones de campaña a los campeones del proyecto de ley en el Senado. 

Este proyecto de ley, redactado por y para la compañía monopólica de servicios públicos más grande del estado, fue diseñado para evitar que las comunidades posean y controlen los recursos locales de energía limpia, e impondría una barrera de costos inequitativa para los floridanos negros y morenos de bajo nivel económico. Fue una amenaza para los más de 40,000 empleos a nivel estatal y se preparaba para hacer que la industria retrocediera como un todo.

Pero la voz colectiva de los floridanos logró lo imposible: presionó al gobernador para que vetara este proyecto de ley incluso después de que voló a través de los comités y fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Florida. Juntos, el número de socios de nuestra coalición alcanzó casi 42,000 personas que actuaron por medio de cartas, llamadas telefónicas, tweets con nombre y apellido y más. La presión pública por parte de gente común puede sobreponerse a la codicia corporativa y en realidad lo hace: ¡cuando nuestro derecho humano a la electricidad está bajo ataque, las comunidades se defienden!