Ruth Santiago

Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en 2017, la red eléctrica centralizada no estaba preparada para los fuertes vientos y las inundaciones. Cuando pasó la tormenta, muchas personas murieron porque no tenían acceso a agua potable ni a la energía necesaria para alimentar teléfonos, frigoríficos o equipos médicos. Los lugares que sí disponían de energía tenían paneles solares o generadores de combustible fósil poco fiables. En respuesta a esta catástrofe, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) asignó una cantidad sin precedentes de 16.000 millones de dólares para el sistema eléctrico de Puerto Rico y la mitigación de riesgos. Sin embargo, la FEMA no incluyó la energía renovable distribuida en su valuación ambiental y las autoridades locales optaron, en cambio, por reconstruir exactamente el mismo sistema que se colapsa una y otra vez. 

Cinco años después, los impactos de no haber redistribuido y diversificado el sistema energético invirtiendo en energía solar en los ejados y en almacenamiento, eficiencia energética, conservación de la energía y programas de respuesta a la demanda, se hicieron evidentes cuando el huracán Fiona golpeó. Una vez más, la energía y el agua necesarias para vivir no estaban disponibles. Pero Puerto Rico no está destinado a ser un lugar de catástrofe. Los habitantes del archipiélago ya han trazado, y en algunos lugares construido, soluciones a estos retos, ya que rechazan el sistema centralizado de combustibles fósiles. Es hora de que el gobierno escuche por fin y devuelva el poder a la gente.